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Declaración del experto de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud* sobre la protección de l

En el contexto actual de COVID-19, las personas que consumen drogas se enfrentan a necesidades y riesgos únicos, debido a la criminalización, el estigma, la discriminación, los problemas de salud subyacentes, la marginación social y las mayores vulnerabilidades económicas y sociales, incluida la falta de acceso a una vivienda y atención sanitaria adecuadas. Deben seguir prestándoles servicios de tratamiento y reducción de daños.

16 de abril de 2020 - COVID-19 es ahora una emergencia mundial de salud pública que plantea desafíos sin precedentes, creando nuevas vulnerabilidades y exacerbando las existentes. La situación que presenta la pandemia COVID-19 exige que los países tomen medidas extraordinarias para proteger la salud y el bienestar de la población. COVID-19 impactará a cada país de manera diferente dependiendo de la infraestructura sanitaria, la propagación del virus, el contexto político, económico y social, así como la preparación del país.

A medida que COVID-19 se extiende, todos nuestros esfuerzos deben centrarse en ralentizar su propagación y garantizar que las personas más vulnerables reciban la protección y la atención a las que tienen derecho. La prevención de la propagación de este virus requiere un alcance a todos y garantizar un acceso equitativo y no discriminatorio a la información, la prevención, la atención médica y el tratamiento para todas las personas, independientemente de su ciudadanía, nacionalidad o condición migratoria.

Toda persona, sin excepción, tiene derecho a intervenciones que salvan vidas y esta responsabilidad recae en las autoridades nacionales. Es esencial que los gobiernos que introduzcan medidas para impedir la propagación del COVID-19, emprendan una serie de medidas adicionales para reducir el impacto potencialmente negativo que esas medidas puedan tener en la vida de las personas.

De conformidad con el Informe Mundial sobre Drogas 2019,1 a nivel mundial, unos 35 millones de personas, frente a una estimación anterior de 30,5 millones registrada en 2016, se ven afectadas por trastornos del consumo de drogas y requieren tratamiento y servicios de reducción de daños. Los últimos datos disponibles indican que la cifra de muertos también ha sido mayor: 585.000 personas murieron como resultado del consumo de drogas en 2017. En el contexto actual de COVID-19, las personas que consumen drogas se enfrentan a necesidades y riesgos únicos, debido a la criminalización, el estigma, la discriminación, los problemas de salud subyacentes, la marginación social y las mayores vulnerabilidades económicas y sociales, incluida la falta de acceso a una vivienda y atención sanitaria adecuadas. Los grupos vulnerables de personas que consumen drogas deben ser reconocidos como una población de alto riesgo con el fin de mitigar la propagación de la pandemia.

Acceso a los servicios de reducción de daños

Los servicios de reducción de daños, como la terapia agonista de opioides (OAT), los programas de agujas y jeringas (NSP), la distribución de naloxona (un medicamento que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides) y los sitios de prevención de sobredosis son esenciales para la protección del derecho a la salud de las personas que consumen drogas. En el contexto de emergencia COVID-19, estos deben ser reconocidos como servicios clave y, por lo tanto, siguen estando disponibles, accesibles, aceptables y de calidad adecuada sin discriminación.

Los proveedores de servicios de reducción de daños deben ser reconocidos como trabajadores que prestan servicios clave y deben alentarse medidas excepcionales para garantizar que operen en un entorno seguro (incluida la garantía de un equipo de protección personal adecuado). Los servicios de reducción de daños deben llegar a las personas donde están, en un contexto de mayor aislamiento y bloqueo. La distribución de productos estériles debe apoyarse mediante la distribución punto a punto (secundaria) y la entrega a domicilio (para evitar una mayor tensión en los sistemas nacionales de salud). Los clientes deben tener acceso a equipos de protección personal adecuados y servicios esenciales sin discriminación y temor de acoso o repercusiones. Las autoridades nacionales deben proporcionar las orientaciones necesarias a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para permitir la aplicación de los servicios de reducción de daños.

Las personas que consumen drogas son vulnerables al VIH, la tuberculosis (TB) y la hepatitis, así como a la sobredosis. El acceso continuo a medicamentos -incluido el tratamiento antirretroviral( TAR) para las personas que viven con el VIH/SIDA, los medicamentos antituberculosos, incluido el tratamiento de segunda línea, los antivirales y los medicamentos interferones para la hepatitis y la naloxona, es esencial para mantener la salud de las poblaciones vulnerables. Los Estados deberían considerar la posibilidad de adoptar medidas para garantizar una producción/importación adecuada de estos medicamentos y permitir que las personas que consumen drogas, proveedores de servicios de reducción de daños y servicios de salud se apoderen de medicamentos para la reversión del VIH, la tuberculosis, la hepatitis y la sobredosis.

En la actual emergencia COVID-19, es posible que deban adoptarse medidas presupuestarias excepcionales. Sin embargo, debe salvaguardarse la financiación de la reducción de daños y los servicios conexos. Es posible que deba disponerse de financiación adicional para apoyar medidas excepcionales para la prestación de estos servicios.

Acceso a medicamentos controlados

La disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos controlados debe salvaguardarse para el tratamiento de la drogodependencia, los cuidados paliativos, incluso para las personas mayores,2 y otros tratamientos. El cumplimiento de los complejos requisitos de procedimiento para los medicamentos programados puede crear barreras para el suministro de estos medicamentos. En el contexto actual de COVID-19, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las cadenas internacionales de suministro de estas sustancias no se vean alteradas. Como recomendó recientemente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, los Estados deben garantizar el mantenimiento de existencias de tampones suficientes de sustancias controladas para garantizar la disponibilidad durante toda la pandemia de COVID-19. 3 Los Estados deben utilizar procedimientos de control simplificados para la exportación, el transporte, el almacenamiento y el suministro de medicamentos que contengan sustancias controladas, a fin de garantizar que las personas puedan mantener un acceso coherente a estos medicamentos y evitar los síntomas de la retirada.

Mujeres que consumen drogas

Se estima que alrededor de un tercio de todas las personas que consumen drogas son mujeres. Se informa constantemente que las mujeres que consumen drogas tienen un mayor riesgo de infección por VIH y hepatitis C. La investigación disponible también indica que la violencia de pareja es más comúnmente experimentada por las mujeres que consumen drogas que las mujeres en la población en general. Es probable que este fenómeno se exacerbre en un contexto de mayor aislamiento y estrés.

Por lo tanto, es esencial que los servicios de reducción de daños sensibles al género, los servicios de salud sexual y reproductiva no judicial y los servicios de violencia doméstica se mantengan operativos y estén equipados para seguir siendo eficaces. A este respecto, los Estados deben aplicar las recomendaciones de la Nota Técnica Provisional sobre la protección contra la explotación y el abuso sexuales durante la respuesta a COVID-19. 4

Personas sin hogar y personas que consumen drogas

A medida que se pide a las personas que se queden en casa, es vital que los gobiernos tomen medidas urgentes para ayudar a las personas sin vivienda adecuada, incluidas las personas sin hogar. En todo el mundo, un gran número de personas sin hogar que consumen drogas se enfrentan ahora a desafíos adicionales para el bloqueo y otras medidas estrictas de emergencia. Es urgente adoptar medidas específicas para garantizar que la atención social y los servicios de reducción de daños continúen en la comunidad para esta población específica. En cualquier circunstancia, las sanciones penales relacionadas con COVID-19 no deben dirigirse a la población vulnerable de la sociedad, como las personas sin hogar que consumen drogas. Por el contrario, deben protegerse de la focalización desproporcionada o discriminatoria por parte de las fuerzas del orden. Además, los Estados deberían considerar la posibilidad de aplicar las recomendaciones de la Nota de Orientación COVID-19 sobre la protección de los residentes de los asentamientos informales.

Prisiones y otros lugares de detención, incluidos los centros obligatorios de rehabilitación de drogas

Las prisiones y otros lugares de detención son entornos de alto riesgo para la propagación de enfermedades infecciosas. Un número desproporcionado de personas que consumen drogas son encarceladas en todo el mundo debido a la criminalización del uso personal y la posesión de drogas, incluidos miles en el corredor de la muerte, en violación del derecho internacional de los derechos humanos.

Algunos Estados han adoptado recientemente iniciativas ejemplares para reducir el hacinamiento en las prisiones y otros lugares de detención promoviendo la liberación anticipada y reduciendo la ingesta de presos, con miras a proteger la salud de los presos y el personal. Todos los Estados deberían considerar la liberación anticipada de reclusos con vulnerabilidades sanitarias (incluidos los que tienen VIH, hepatitis C, tuberculosis o drogodependencia), los presos con dependientes y los acusados por drogas menores y no violentas y otros delitos, al tiempo que planean adecuadamente cuidar de la salud de los liberados.

Los planes de preparación y respuesta a COVID-19 adoptados por las prisiones y otros centros de detención deberían incluir medidas específicas para salvaguardar la salud de las personas que consumen drogas. A este respecto, los Estados deberían considerar la Nota de orientación provisional sobre COVID-19: Enfoque sobrelas personas privadas de libertad. 5

Miles de personas en todo el mundo también están recluidas en centros públicos y privados de detención y rehabilitación de drogas, a menudo de manera obligatoria, o de conformidad con las decisiones de los tribunales y tribunales de drogas. Como se destaca en la Declaración Conjunta de las Naciones Unidas de 2012 sobre la detención y rehabilitación obligatorias de drogas, estos centros "plantean cuestiones de derechos humanos y amenazan la salud de los detenidos",6 En el contexto de la emergencia COVID-19, y de conformidad con las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas,7 donde operan los centros obligatorios de tratamiento de drogas, los Estados "deben tomar medidas inmediatas para cerrar esos centros, liberar a las personas detenidas en esos centros y sustituir esas instalaciones por atención y apoyo voluntarios basados en pruebas en la comunidad". En particular, los Estados deberían examinar la necesidad y la razonabilidad de la detención de drogas. Deberían establecerse medidas eficaces y financiadas adecuadamente para garantizar que los liberados de las prisiones y otros lugares de detención tengan continuidad de la atención, acceso a una vivienda adecuada y atención sanitaria en la comunidad.

Poderes de Emergencia y el Derecho a la Salud

Se pueden poner en marcha poderes adicionales para hacer cumplir la ley como parte de la respuesta de emergencia; y como excepcionalmente se establece en las leyes de emergencia relacionadas con COVID-19. Tales poderes deben ser cuidadosamente equilibrados contra el derecho a la salud, así como el derecho a la privacidad. Los poderes encargados de hacer cumplir la ley no deben ser un obstáculo para la promoción y protección de la salud pública y individual. Al mismo tiempo, el aumento de la vigilancia proporcionada por algunas leyes de emergencia puede exponer aún más a las personas que consumen drogas y otras poblaciones criminalizadas a las fuerzas del orden y el encarcelamiento, inmediatamente o en el futuro. La falta de salvaguardias adecuadas con respecto a los datos sanitarios ya ha dado lugar a protestas públicas y a daños a la privacidad en algunos países que han intentado utilizar los datos de las redes sociales para rastrear a los consumidores de drogas a través de la geolocalización en una situación COVID-19. Para evitar la ingesta innecesaria de prisioneros y las prácticas inseguras de consumo de drogas, se debe considerar la aplicación de las leyes que tipifican como delito el consumo y la posesión de drogas.

Información y participación

La información pertinente sobre la pandemia y la respuesta de COVID-19 debe llegar a todos, sin excepción. La información debe incluir detalles sobre cómo la emergencia afecta a poblaciones específicas y sobre los riesgos a los que se enfrentan las personas que consumen drogas, y promover prácticas seguras de consumo de drogas. Los Estados deben velar por que la información sobre la reducción de daños esté disponible y accesible en un contexto de mayor aislamiento relacionado con COVID-19. En este contexto, el acceso a Internet es esencial para garantizar que la información llegue tanto a los afectados por el virus como a las medidas para hacer frente a la crisis. Los gobiernos no deben recurrir a interrupciones o paradas en Internet y deben garantizar el acceso más amplio posible al servicio de Internet y tomar medidas para salvar las brechas digitales.

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